La estrategia de Zapatero con ETA reactiva a los presos, que piden voz en este «momento histórico»

Han remitido a los partidos un manifiesto, con apoyo de representantes sociales, en el que exigen estar presentes en la negociación

Las expectativas de negociación con ETA han reactivado al mundo radical, apagado con la Ley de Partidos. Los presos de la banda se han dirigido al Ayuntamiento de Bilbao con sus demandas y el apoyo de diversos colectivos.

C. Morodo
Madrid- Uno de los argumentos que el PP esgrime contra la «nueva» política antiterrorista del Gobierno es que con lo que se entiende como «primer precio político» a ETA, la presencia del PCTV en la Cámara de Vitoria, se ha sembrado la semilla para que el entorno abertzale, que no es más que «el entramado etarra», salga del ostracismo al que había sido condenado por la presión política y judicial y vuelva a «reconstruirse» en todas su facetas: reapertura de sedes del «brazo político», refundación de organizaciones juveniles, reimplantación de las asociaciones eufemísticamente vinculadas a la «defensa de los derechos humanos», es decir, de los presos... Y todo ello a beneficio del mismo inventario, los terroristas.
En un contexto marcado por la expectativa alentada por el Gobierno de una negociación con ETA, el pasado 11 de mayo se recibió en el registro del Ayuntamiento de Bilbao una singular iniciativa de un colectivo de defensa de los presos etarras, creado supuestamente hace dos años, según se alega, pero que hasta ahora ha estado durmiente. De hecho, todos estos colectivos, en la línea de Senideak, habían ido perdiendo, en un proceso progresivo desde 2000, prácticamente toda su presencia social, por efecto de la política antiterrorista y de la presión legislativa, con singular incidencia de la Ley de Partidos de 2002.

Carta a los partidos. La iniciativa es una carta, bajo marchamo «Bilborantz ekimena», dirigida a los portavoces de los partidos en el Consistorio, incluido el del PP, a la que se adjunta un amplio manifiesto en apoyo de los presos con firmas de una nutrida y plural representación de la sociedad vasca. A través de la misiva, se insta al receptor a que fije posición con respecto a cuatro puntos: fin de la política de dispersión y acercamiento a cárceles más cercanas a su lugar de residencia, fin del recorte de visitas y comunicaciones, derecho a vivir en «euskara» y que se les respeten todos sus derechos.
Pero la clave está en la letra del manifiesto, al quedar en evidencia la imbricación entre el resurgir de la presión del colectivo de presos y la nueva situación política: en concreto, plantean tener presencia en la negociación. «Tenemos que ser capaces de llegar a un punto de encuentro donde acabaremos con este dolor y sufrimiento tan innecesario. Porque todos y todas tenemos derecho a participar en este momento histórico y de posibles oportunidades», concluye el manifiesto. Y la exigencia es que «también las presas y los presos vascos, junto a sus familiares, manifestamos que la política de dispersión tiene que acabar». Una reivindicación tradicional del nacionalismo y con la que últimamente se ha coqueteado de manera no oficiosa desde instancias gubernamentales, con el argumento de que, «si se da la condición de cese de la violencia, incluso ya lo hizo el Gobierno de Aznar durante la tregua de 1998». El acercamiento de presos fue una de las demandas de los nacionalistas que firmaron el pacto de Estella.
También ha sido reclamado por colectivos sociales y, de hecho, la relación de nombres que suscriben el manifiesto es significativa. Además de los apoyos de las asociaciones de implantación radical –comparsas de fiestas, grupos ecologistas, sindicatos batasunos, centros de juventud abertzale, asociaciones de padres, e incluso colectivos de la iglesia vasca–, el texto lleva la firma individual de más de cien personas, entre las que hay representantes de profesiones liberales (abogados, economistas...), profesores de la UPV, periodistas, muchos jugadores del Athletic y hasta figura una de las secretarias del actual presidente de la Conferencia Episcopal, Carmen Ramos, de la Vicaría de San Francisco de Paula VII, además de grupos musicales como «Su Ta Gar», contra el que la AVT ha lidiado una feroz campaña.

LA RAZON

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