Madrid- Sus huellas dactilares aparecieron en la documentación incautada en Bilbao por la Guardia Civil en la vivienda alquilada del presunto miembro del «comando Vizcaya» Aitor Lorente (que se encuentra huido). Entre esos papeles, los agentes encontraron, el 26 de octubre de 1997, un manual de explosivos y unos «escritos de seguimientos» efectuados al entonces líder del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz. Además, en el piso se intervino un auténtico arsenal que incluía una pistola, cajas de cartuchos, pólvora, explosivos, temporizadores y hasta sistemas de lanzamiento para granadas. La Audiencia Nacional considera, no obstante, que no hay pruebas suficientes para condenar al presunto integrante del «comando Vizcaya» Patxi Xabier Aretxaga y a su compañero Juan Luis Alaña (cuyas huellas se hallaron en una plano recogido en el piso familiar de Lorente). En el piso alquilado se encontraron 306 huellas, pero ninguna de Aretxaga, que sólo dejó rastro en la documentación. A ambos (ya condenados a doce años de cárcel por pertenencia a banda armada, por lo que no saldrán a la calle), el fiscal les acusaba de sendos delitos de terrorismo por tenencia de armas y explosivos. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal cree que el hallazgo «no significa, sin más, que pueda atribuírseles la tenencia del material explosivo y las armas». En la casa, además, se encontraron huellas «de otras personas pertenecientes al “comando Vizcaya”».
Pero además de Aretxaga y Alaña, la Audiencia ha absuelto –por segunda vez en un año– a Sebastián Etxaniz, presunto miembro del «comando Gorbea», para quien el fiscal solicitaba 42 años por su posible participación en el ataque con lanzagranadas a un cuartel de la Policía en Baracaldo en 1982. La Audiencia absolvió por primera vez a Etxaniz (que cumple una condena de 35 años por el asesinato de un policía) en 2004. Los delitos, argumentó entonces, habían prescrito. Pero el fiscal recurrió y el Supremo anuló la resolución y devolvió la causa a la Audiencia. Ahora, el tribunal considera que no existen más elementos incriminatorios que su declaración (Etxaniz confesó dos veces ser el autor de los hechos, aunque en el juicio se desdijo), insuficiente para «estimar probada su intervención» en los mismos.
Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó ayer el ingreso en prisión de los dos presuntos miembros de ETA acusados de enviar dinero a terroristas huidos en Cabo Verde y Venezuela. Andrés Larrea y Pedro Félix Morales admitieron ante el magistrado haber enviado dinero a esos países entre 1998 y 2004, pero para ayudar económicamente a dos amigos.

LA RAZON